La Justicia de Estados Unidos confirmó una condena contra la República Argentina en el marco del litigio iniciado por el fondo buitre Titan Consortium, derivado de la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral ocurrida en 2008.

La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó formalmente el recurso presentado por el país, con lo cual mantiene vigente una condena que obliga al Estado argentino a pagar una indemnización que, con el acumulado de intereses, ya supera los 390 millones de dólares.

El origen de esta disputa legal se remonta al grupo español Marsans, entidad que controlaba las aerolíneas mencionadas al momento de ser expropiadas durante el gobierno de Cristina Kirchner. Tras la nacionalización, la empresa acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial encargado de intervenir en controversias entre Estados e inversores privados.

En 2017, el Ciadi condenó a la Argentina a pagar más de US$320 millones en concepto de compensación, a los que se sumaron casi US$3,5 millones por honorarios legales. Desde entonces, el monto total continuó incrementándose debido a la aplicación de intereses, ascendiendo en la actualidad a una cifra aproximada de US$390,9 millones.

Posteriormente, el derecho a litigar fue transferido a través de distintos fondos de inversión en el mercado secundario. Inicialmente, la titularidad del reclamo pasó al fondo Burford Capital, reconocido también por su participación en el litigio contra la Argentina por la expropiación de YPF.

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En una etapa posterior, el reclamo pasó a manos de Titan Consortium, entidad que en la actualidad busca hacer efectivo el cobro de la indemnización establecida por el laudo arbitral internacional.

Durante el proceso judicial en Estados Unidos, la Argentina intentó que la demanda fuera desestimada alegando una cuestión de prescripción temporal. Sin embargo, la Justicia estadounidense rechazó dicho argumento de plano. Tras recurrir la decisión inicial, la Corte de Apelaciones de Columbia volvió a fallar en contra del país, desestimando definitivamente el recurso y blindando la pretensión del fondo inversor.

El fondo no solo exige el cumplimiento de la indemnización, sino que también pidió autorización para rastrear y ejecutar activos soberanos argentinos en distintos puntos de Estados Unidos, en el supuesto de que el país no demuestre una voluntad clara de negociar el pago.

Uno de los activos específicos que estaría en la mira de los acreedores es el colateral de los Bonos Brady, depositado en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Se trata de títulos valores emitidos por la Argentina durante la década de 1990, creados originalmente para reestructurar parte de su deuda con bancos comerciales internacionales.

Este fallo se enmarca en un contexto jurídico complejo, ya que el caso de Titan Consortium se suma a otros litigios internacionales que enfrenta la Argentina por laudos del Ciadi que todavía no fueron cancelados.

Adicionalmente, el fondo de inversión busca avanzar en el cobro de manera acelerada, con el objetivo de posicionarse antes que otros acreedores que también han llegado a acuerdos recientes con el país, lo que podría complicar el escenario de litigios externos del Estado argentino.

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